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Los cuatro floteros detenidos acaparan 600 licencias de taxi

La investigación judicial que provocó la detención de siete personas el martes vinculadas al negocio del taxi sostiene que la «estructura organizativa» creada para defraudar dinero a Hacienda «presuntamente llegaría a acaparar unas 600 licencias del total de 1.600 de esta capital».

 

La operación policial iniciada el martes pasado en las dos cooperativas de taxis de Las Palmas de Gran Canaria, que se saldó con la detención de siete personas a las que se acusa de fraude a Hacienda, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y de atentar contra los derechos de los trabajadores, se sustenta en una amplia investigación previa.

El auto judicial que autorizó los registros desglosa las acciones solicitadas por la Agencia Tributaria para obtener las pruebas físicas necesarias que sustentan las respectivas acusaciones, evitando «demoras injustificadas que pudieran poner en riesgo el resultado de la instrucción, dadas las relaciones de los investigados entre sí y con las empresas y gestorías de las que son clientes, que pudieran derivar racionalmente en la desaparición o alteración» de las pruebas.

La investigación se soporta sobre evidencias obtenidas «desde enero del pasado año 2012», tanto por la Fiscalía como por la Agencia Tributaria, a partir de la sospecha de que se podía estar «cometiendo un posible fraude fiscal y en su caso de blanqueo de capitales, en la explotación ilícita de una serie de licencias municipales de taxi en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de personas de su entorno», según describe la citada autorización, fechada el mismo día 2 de julio.

El dispositivo señala a cuatro de los detenidos como líderes de «una estructura organizativa dirigida y diseñada» a explotar «numerosas licencias de taxi no concedidas por la Administración municipal». El procedimiento seguido apunta que las licencias son cedidas «por viudas o jubilados titulares legítimos de las licencias originales, a cambio de una remuneración mensual de unos 500 euros, haciéndose cargo los investigados de todos los gastos de los vehículos, incluidos los seguros, organizando a los conductores en turnos de explotación del taxi, de manera que el vehículo obtenga rendimiento durante las 24 horas del día, debiendo entregar los conductores una cantidad fija de entre 40 y 50 euros al finalizar su turno al flotero». Según el informe de la Inspección de Hacienda, para alcanzar la cifra de 120.000 euros anuales que el Código Penal tipifica como delito fiscal, se deriva que tal cantidad se alcanzaría por las personas investigadas «con 20 o más licencias en 2008, 19 o más licencias en 2009 y 2010, y a partir de 18 licencias en 2011».

Los datos aportados por Hacienda al juzgado en la investigación previa apuntan que la «organización» tiene tal «incidencia en el sector», que «acapara unas 600 licencias del total de 1.600 de esta capital» , el equivalente al 37% de la flota de taxis existente en la actualidad.

FUENTE: canarias7.es

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